Son fincadas en votos, las esperanzas de que la 4T haga de la justicia una expresión permanente. Los procesos de Emilio Lozoya, como de Ayotzinapa, son claves en la credibilidad del régimen. (Foto: lavozdemichoacan.com)

Me muerdes

con el fervor

de alguien que tiene a Dios.

T. Shirley: “El poder de la oración”

 

¿Cómo es posible que El Marro o el Mochomo puedan evadir con tanta facilidad a la ley? ¿Tan débil es la ley que fácilmente conduce a procesos endebles o propician sin dificultad la libertad de los procesados, a pesar de la evidencia de la culpa? ¿Cómo es posible entonces que entre culpa y castigo, para el juez, no haya relación? ¿Por qué esas aberraciones del Poder Judicial; cuánto cuesta éste?

Es entendible, pues, que hoy en cuestiones judiciales, por no concluir el debido proceso (una excusa excelente) los jueces puedan dejar en libertad a los delincuentes, lo que siempre presupone una siembra, previa, prolija de dinero que de una u otra manera llega al juez y vuelve así sencillo entender por qué el castigo a los culpables en México es una tarea virtualmente imposible. De allí que uno espere que ojalá y no suceda lo mismo con aquellos procesos de culpa-castigo que hoy impulsa el Ejecutivo a través de la FGR (Emilio Lozoya) y que, cueste lo que cueste, llegue a su final el proceso y todos los culpables paguen sus culpas.

Supongamos así, por ejemplo, ¿en dónde debe concluir el caso Lozoya? Dígase así, entre otras cosas, ¿para qué sirvieron los recursos de Odebrecht cuando Lozoya manejaba los recursos financieros del PRI durante los tiempos de campaña Peña Nieto? Y luego, ¿dónde quedaron los recursos de PEMEX que misteriosamente se agotaron cuando Lozoya estuvo al frente de la paraestatal? Las culpas, allí, parecieran ser obvias no sólo para el indiciado, sino para una cauda de culpables cuya lista pareciera ser interminable, de la misma manera que es interminable la lista de culpables de Ayotzinapa que por eso mismo no debieran escapar al castigo.

Si no es así, la tarea parecería quedar inconclusa, lo que hasta hoy pareciera caracterizar a la 4T, que descubre con efectividad a los culpables… pero a la hora de dar el paso para aplicar el castigo, el paso final y total no quisiera darse. ¿Se castigará a los militares que intervinieron en Ayotzinapa? ¿Hasta dónde los involucrados con el uso delincuencial de los recursos de Odebrecht serán obligados a retornar a la nación los millones de pesos que le fueron hurtados a ésta y los culpables obligados a pagar con reclusión sus delitos?

Es decir que si bien, para el caso de México, fenomenológicamente es fácil reconocer las relaciones entre culpa y castigo (comenzando, por decir algo, en las relaciones de connivencia entre Santa Anna y Lucas Alamán), al llegar a los terrenos pragmáticos allí resulta que, ambos, culpa y castigo se diluyen y relativizan y ni una ni el otro se concretan como debieran y ambos se pierden en el limbo de las hojas de los libros de texto, haciendo de nuestra Historia un verdadero cuento de hadas.

Ojalá y pronto las cosas sobre tal materia (culpa y castigo) comiencen a cambiar. Creo que sería para bien de todos.

 

gomeboka@yahoo.com.mx

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